Treinta y un años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el país vuelve a mirar hacia aquel polvoriento mitin de Lomas Taurinas con la misma mezcla de incredulidad y sospecha. La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, señalado como presunto segundo tirador, reabre un expediente que México nunca logró cerrar del todo, quizá porque nunca se cerró con verdad.
El anuncio no es menor. El nombre de Sánchez Ortega aparece desde los primeros reportes del 23 de marzo de 1994: fue detenido ese mismo día, portando una chamarra con manchas de sangre y con rastros de pólvora en las manos. Aun así, fue liberado horas después y el caso tomó la ruta del “asesino solitario”: Mario Aburto Martínez, el joven obrero detenido entre la multitud, presentado como el culpable único de un magnicidio que cambió la historia del PRI y de todo el país.
Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) asegura tener “más de 50 pruebas contundentes” que apuntan a Sánchez Ortega. Pero más allá del número, lo que sacude es el trasfondo político e institucional: un exagente del aparato de inteligencia mexicano implicado en un crimen de Estado que se quiso reducir a la acción de un individuo. El CISEN, creado para proteger la seguridad nacional, aparece otra vez en las sombras de la historia, señalado como testigo —y tal vez actor— de una tragedia nacional.
La duda que nunca murió
Durante tres décadas, la versión oficial fue defendida con disciplina casi militar: Aburto actuó solo, disparó dos veces y fue detenido de inmediato. Pero desde los primeros días, las inconsistencias fueron tantas que ni las versiones judiciales ni las mediáticas lograron sostener una narrativa coherente. Testimonios modificados, pruebas extraviadas, rostros que no coinciden, informes periciales contradictorios: el caso Colosio fue, desde su origen, un rompecabezas armado con piezas prestadas.
La reciente detención de Sánchez Ortega es la grieta más visible en ese muro. Si existió un segundo tirador, toda la estructura jurídica y política construida durante tres décadas se derrumba. Significa que Aburto pudo no haber sido el único responsable, y que el Estado mexicano —por acción u omisión— fabricó una verdad conveniente para apagar la crisis política de 1994.
El prisionero que no calla
Mientras tanto, Mario Aburto sigue en prisión. Condenado originalmente a 45 años, un tribunal redujo su sentencia a 30 por la aplicación del código penal de Baja California. Sin embargo, la Suprema Corte decidió mantenerlo preso mientras revisa el caso. Su figura se ha convertido en símbolo de un sistema judicial que castiga, pero no siempre esclarece.
Aburto ha denunciado tortura, irregularidades procesales y violaciones a sus derechos humanos. Y aunque esas acusaciones no se han traducido en una liberación, han resucitado la pregunta que México se hace desde hace tres décadas: ¿fue Aburto un asesino o un chivo expiatorio?
Política, justicia y memoria
La reapertura del caso Colosio ocurre en un país distinto al de 1994, pero con heridas similares. La desconfianza en las instituciones, la manipulación de la información y la politización de la justicia siguen presentes. Y ahora, en tiempos donde los viejos aparatos de poder se tambalean y las narrativas oficiales se cuestionan más que nunca, la detención de un exagente del CISEN parece más un acto simbólico que jurídico: un intento por reconciliar al Estado con su propio pasado.
Sin embargo, la justicia tardía tiene un límite. Los años no solo borran memorias, también deterioran pruebas, testimonios y credibilidad. Si la FGR pretende reescribir la historia del caso Colosio, deberá hacerlo con hechos verificables y sin convertir el expediente en un instrumento político.
Porque Colosio no fue solo una víctima: fue el reflejo de un país que aspiraba a cambiar y se topó con el fuego de sus propios fantasmas.
Treinta años después, México vuelve al punto de partida: entre el culpable que duda y el segundo tirador que reaparece, la verdad sigue escondida en los ecos de Lomas Taurinas.
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