Congreso de SLP busca salida legal para cumplir mandato de la Corte sin recursos adicionales

La Conferencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí se constituyó como ente consultante para dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.

Así lo informó el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien explicó que el cumplimiento de este mandato implica un costo mayor al de ejercicios anteriores, sin que actualmente el Poder Legislativo cuente con los recursos necesarios.

El legislador detalló que, debido a la reciente reforma constitucional en materia presupuestal, el Congreso local está impedido de solicitar ampliaciones, ya que se establece que las legislaturas que ya operan dentro del límite presupuestal no podrán incrementarlo respecto al ejercicio fiscal 2026 ni en años posteriores.

Ante este escenario, señaló que el área jurídica del Congreso establecerá comunicación directa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantear alternativas que permitan cumplir con la resolución sin vulnerar las restricciones legales vigentes.

“Nos hemos constituido en ente consultante y así se lo haremos saber a la Corte. Le pediremos que nos indique cómo proceder ante la falta de presupuesto; incluso, si es viable alguna intervención para acceder a los recursos necesarios”, puntualizó.

Serrano Cortés subrayó que el proceso de consulta implica gastos significativos, como la contratación de traductores, personal técnico especializado y la logística para llevar a cabo los ejercicios en diversas comunidades, lo que lo convierte en un procedimiento complejo y costoso.

Finalmente, reiteró que existe la voluntad institucional de cumplir con la ley; sin embargo, advirtió que sin recursos suficientes no será posible avanzar, por lo que se exploran vías jurídicas que permitan atender la instrucción de la Corte sin contravenir el marco presupuestal vigente.