Congreso de SLP amplía protección a mujeres que actúen en legítima defensa
La reforma al Código Penal obliga a los jueces a considerar antecedentes de violencia de género y el estado emocional, psicológico y mental de las mujeres al momento de los hechos.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la fracción IV del artículo 28 del Código Penal de San Luis Potosí, con la que se amplía la figura de presunción de legítima defensa cuando una mujer actúe en un contexto de violencia de género.
La modificación establece que podrá presumirse la legítima defensa cuando una mujer, al momento de desplegar la conducta, tenga antecedentes como víctima de violencia de género o se encuentre ante un peligro inminente de sufrir violencia física, sexual o feminicida.
La disposición también contempla a las personas que intervengan para auxiliar a una mujer que esté siendo víctima de violencia y actúen con el propósito de repeler la agresión.
Asimismo, la reforma señala que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o haya estado en peligro de sufrirla.
De acuerdo con los argumentos presentados para la reforma, existen casos en los que mujeres han enfrentado procesos penales por homicidio o lesiones contra sus agresores, pese a haber actuado para proteger su vida e integridad.
Con los cambios aprobados, los jueces deberán valorar el historial de violencia, así como las condiciones emocionales, psicológicas y mentales de la mujer al momento de los hechos, además de las circunstancias particulares de cada caso.
El objetivo es evitar que las víctimas sean revictimizadas o criminalizadas sin considerar el contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos.
La reforma busca incorporar de manera más amplia la perspectiva de género en la impartición de justicia, reconociendo las dinámicas de abuso, control y violencia que pueden influir en las acciones de una mujer que intenta protegerse.
Con esta modificación al Código Penal estatal, el Congreso plantea fortalecer el derecho de las mujeres a defender su vida e integridad y establecer mayores elementos para que los casos sean analizados atendiendo al contexto de violencia de género.
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