Endurece Congreso sanciones contra malas prácticas médicas y sustitución ilegal de medicamentos

Con el objetivo de proteger la seguridad de los pacientes y fortalecer la confianza ciudadana en los servicios de salud, se analiza una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado para sancionar con mayor severidad el ejercicio indebido de la profesión médica, la ostentación de especialidades no reconocidas, la reincidencia en faltas graves de atención y la sustitución arbitraria de medicamentos prescritos.

La propuesta establece que quienes incurran en estas conductas podrán ser sancionados con inhabilitación de uno a veinticuatro meses para el ejercicio profesional, o incluso la privación definitiva en casos de reincidencia, además de las penas que correspondan por los delitos consumados, ya sean dolosos o culposos. En estos supuestos, también se contempla la obligación de reparar el daño, incluyendo gastos médicos y, en su caso, funerarios, derivados de sus actos o de los realizados por sus auxiliares bajo su instrucción.

De manera específica, cuando un médico se ostente con una especialidad no validada legalmente, o reincida en cualquiera de las faltas señaladas, la sanción se incrementará hasta en una mitad, imponiéndose penas de dos a seis años de prisión y multas de sesenta a doscientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa también contempla sanciones para responsables, encargados o empleados de farmacias y boticas que, al surtir una receta, sustituyan el medicamento prescrito por otro que cause daño o resulte evidentemente inapropiado para el padecimiento del paciente. En estos casos, se prevén penas de uno a tres años de prisión, multas de sesenta a doscientos días de UMA y la correspondiente reparación del daño.

En la exposición de motivos se subraya que el ejercicio de las profesiones vinculadas a la salud tiene una relevancia social fundamental, pues de su correcto desempeño dependen la vida, la integridad física y el bienestar de las personas. La confianza que la población deposita en médicos, especialistas y personal farmacéutico exige un actuar estricto conforme a la ley, la ética y los más altos estándares de responsabilidad.

Sin embargo, se reconoce que en la práctica se han detectado conductas que vulneran gravemente la seguridad de los pacientes y minan la confianza en las instituciones sanitarias. Aunque la legislación vigente prevé sanciones, se advierte que estas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño que pueden ocasionar, lo que limita su efecto preventivo y favorece la impunidad.

La iniciativa es actualmente analizada en las Comisiones Primera de Justicia, y de Salud y Asistencia Social, donde se evaluará su alcance para fortalecer el marco legal y garantizar una atención médica segura y responsable.