El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para establecer que el delito de abandono de personas sea investigado de oficio cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad.
La modificación, impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, contempla la adición del artículo 204 TER, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y garantizar una respuesta oportuna por parte de las autoridades.
Con esta reforma, el Ministerio Público estará obligado a iniciar las investigaciones correspondientes sin necesidad de que exista una denuncia formal de la víctima, además de actuar con la debida diligencia para salvaguardar sus derechos y brindar protección ante posibles situaciones de riesgo.
La legisladora señaló que la medida responde a una problemática real, debido a que algunas víctimas pueden encontrarse imposibilitadas materialmente para denunciar por sí mismas, lo que puede favorecer que este tipo de conductas permanezcan impunes.
Jáuregui Mendoza destacó que el abandono de personas en situación de vulnerabilidad representa una grave afectación a los derechos humanos y requiere una intervención reforzada del Estado, particularmente cuando están involucradas personas menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
“Particularmente cuando se trata de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, se requiere una protección reforzada, tanto por su condición de edad, física o mental, como por los múltiples factores sociales que los colocan en situación de desventaja o riesgo”, sostuvo.
La reforma busca fortalecer el carácter preventivo y garantista de la legislación penal, mediante mecanismos que permitan una intervención más rápida de las autoridades ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida, integridad y dignidad de las personas.
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