El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de incluir a las mujeres recluidas en centros penitenciarios dentro de las campañas de reparto de insumos de salud menstrual.
Gama Basarte señaló que la Constitución garantiza el derecho a la salud para todas las personas, incluidas aquellas que cumplen penas en centros penitenciarios. Sin embargo, reconoció que las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en temas relacionados con la menstruación. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, solo el 29.8% de las mujeres en reclusión han recibido toallas sanitarias como parte de los servicios de salud.
La propuesta plantea que los programas de entrega gratuita de insumos de salud menstrual, operados por la Secretaría de Salud del Estado y el DIF, incluyan a las mujeres en reclusión. Esta medida estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal establecida en la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado, priorizando a las poblaciones en condiciones de marginación y pobreza.
La iniciativa también establece que las campañas en centros penitenciarios se realicen en coordinación con las autoridades carcelarias para garantizar la correcta distribución de los insumos y el respeto a las normas internas. Con esta reforma, se busca garantizar el derecho a la salud menstrual para todas las personas, sin importar su situación legal.
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