Aún muchas mujeres no denuncian a sus agresores: CJM
Hasta el 40 por ciento de las mujeres violentadas en la huasteca y en Soledad de Graciano Sánchez no denuncian a sus agresores, reveló la directora general del Centro de Justicia para Mujeres, Julieta Méndez Salas.
Expuso que se ha avanzado en los centros de gestión gubernamental en la construcción de espacios y cultura cívica, para la atención integral de las mujeres violentada.
“Hemos pasado en convertir esta institución en un organismo público, lo que fue un desafío porque antes de tener una ley, se trataba de un programa, apartir de esta administración el Centro de Justicia se convirtió en una institución en la que se ha afianzado un centro estatal, transitamos de que la atención a mujeres fuera una obligación y una responsabilidad”, aseguró
Méndez Salas resaltó que sólo tres entidades del país han constituido una institución de este tipo, y en San Luis Potosí se tiene presencia en todo el Estado, lo que significa igualdad sustantiva para todas las mujeres, que todas tengan las mismas oportunidades con el mismo esmero que se tienen en las grandes urbes.
Agregó que estás acciones han dado resultado porque en el Plan Estatal de Desarrollo se estableció tener una red estatal para la atención del sector.
Dijo que el recurso que se autorizó para el gobierno del Estado para la construcción del Centro de Justicia de las Mujeres, es de 20 millones de pesos, con lo que busca tener un mejor trabajo en relación a conseguir las pensiones alimenticias, custodias, patria potestad y la atención incluso a menores.
Sobre los feminicidios ocurridos en la entidad potosina, apuntó que es importante señalar que no se debe confiar en los hombres que afirman que no cometerán ningún tipo de violencia después de golpearla, puesto que es un primer termino para la agresión.
La funcionaria estatal destacó que a 4 mil 231 personas se han sensibilizado después de que la institución ha iniciado campañas de concientización contra la violencia.
Sobre la discusión del aborto en los Estados de la república mexicana, le dejó este asunto a las legislaturas de los Estados. En 2019 se atendieron más de 3 mil casos de violencia y de esos asuntos hubo 62 casos de interrupción del embarazo sobre todo por cuestiones de violaciones.
