Presentan solicitud de juicio político contra el presidente del STJE
Funcionarios del Poder Judicial del Estado presentaron ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político contra el presidente Juan Paulo Almazán Cué, por abuso de poder, ejercicio indebido de las funciones públicas, y violaciones a los derechos humanos.
Resaltaron en rueda de prensa que es la primera vez que funcionarios de un Tribunal de Justicia, como son jueces y magistrados presenten una solicitud de juicio político contra su superior.
El presidente de la Asociación de Abogados y Postulantes especialista en Oralidad, Efraín Torres Salazar dijo que el llevara el proceso de solicitud de juicio político y estarán muy al pendientes de este caso y de la actuación de los diputados, puesto que están acreditando las ilegalidades en las que ha incurrido el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Hacemos un llamado a todos los legisladores, de todas las fracciones parlamentarias, pidiéndoles que fuera el influyentismo y líneas políticas marcadas o de cualquier situación vean de manera imparcial esta demanda y estás pruebas sean analizadas porque están realizadas de manera minuciosa y cada hecho que aquí se relata se encuentra debidamente acreditado con una prueba fehaciente, de tal manera que conforme a la ley de juicio político actualizada, se reúnen mínimo en dos fracciones los elementos necesarios para la procedencia de juicio político”, puntualizó.
Indicó que uno de los casos fue de Emilio Ortiz Monrroy, quien fue removido de juez de primera instancia por no haber votado para elegir como presidente de la asociación de jueces a Carlos Díaz Flores, “como no quiso tomar esa línea dictada por el presidente es que vienen todas esas represalias y cambios de adscripción sin fundamento alguno, violando sus derechos humanos.
En caso de Adriana Monter, hubo falsificación de documentos para dar prioridad al nombramiento del señor Felipe Aurelio, y al remoción de cargos que le estuvieron haciendo.
En el caso de Juan Fernando Salazar, le han estado negando los derechos burocráticos y han hecho cambios de adscripción de manera constante, al igual que a Julián Ruiz Contreras, quien por renunciar a ser juez de oralidad vino la persecución y se generaron cinco cambios en corto tiempo, lo que no se pueda dar por ley.
También, Javier Pérez Contreras tiene una persecución en su contra por no acatar las órdenes del presidente Almazán Cué.
Agregaron que debido a esta situación de violación a los derechos humanos entregarán otro documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la secretaria de gobernación, Olga Cordero Sánchez; al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López; a la Comisión Interamericana de Derechos humanos; al senador Ricardo Monreal, a todos para su conocimiento e integración.
Además, señalaron que al licenciado Emilio se le notificó su suspensión cuando se debe de hacer en una sesión previamente agendada la cual no hubo este martes porque si no estaría registrada, lo cual también se añadió a la demanda.
Al Congreso del Estado entregaron 144 hojas que contiene la demanda de solicitud de juicio político con un anexo de 50 pruebas fehacientes documentales y testimoniales, y algunas inspecciones, todas relacionadas a comprobar los hechos y violaciones en las que incurrió que vienen en dos vertientes de la nueva ley de juicio político.
Por su parte la magistrada Adriana Monter denunció que debido a las malas decisiones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia tuvo que pagar 800 mil pesos mermando las arcas del Poder Judicial.
Además, dijo ser víctima de acoso laboral por parte de Almazán Cué y por eso piden protección para evitar que continúe el abuso de poder de su parte, así como el acoso laboral.
