Por presuntos “aviadores” en el Ayuntamiento, diputados pedirán auditoría especial; Galindo podría enfrentar juicio político

San Luis Potosí, SLP.– Los señalamientos sobre presuntas “aviadurías” en el Ayuntamiento de San Luis Potosí llegaron al Congreso del Estado, donde legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que solicitarán una auditoría especial para investigar las contrataciones por honorarios y determinar si los servicios pagados con recursos públicos realmente se prestan.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, informó que se presentará una solicitud formal ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para revisar contratos, pagos, obligaciones laborales y evidencias de los trabajos realizados.
La investigación solicitada tiene como antecedente los señalamientos relacionados con Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente en funciones del Partido Acción Nacional (PAN), quien aparece vinculado a una contratación por honorarios con la administración municipal.
Gámez Macías exigió al alcalde Enrique Galindo Ceballos explicar qué servicios presta el dirigente panista, quién autorizó su contratación y cuáles son los resultados que justifican los pagos realizados con dinero del municipio.
“Si existe un contrato legítimo y los servicios se prestan, que se presenten los documentos, los informes y los entregables correspondientes”, señaló el legislador.
Sin embargo, advirtió que, si las investigaciones acreditan pagos por servicios inexistentes, simulación de actividades o utilización de recursos para fines distintos de los autorizados, podrían configurarse responsabilidades administrativas, electorales e incluso penales.
El señalamiento también podría escalar al terreno electoral. Durante una conferencia de prensa, acompañado por las diputadas María Antonia Castro Castañeda, Dulcelina Sánchez de Lira y Aranzazú Puente Bustindui, Gámez anunció que promoverán denuncias ante el CEEPAC, el INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
El objetivo será determinar si las contrataciones municipales pudieron representar una forma de financiamiento indebido a dirigentes partidistas o un uso irregular de recursos públicos.
Advierten posible juicio político contra Galindo
El legislador fue más allá y aseguró que, si se acredita el desvío de recursos o la simulación de servicios, impulsarán ante el Congreso del Estado el inicio de un procedimiento de juicio político contra las autoridades municipales que resulten responsables, incluido el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
“Si la investigación encuentra irregularidades, que se proceda hasta sus últimas consecuencias: inhabilitaciones, sanciones penales y, si así corresponde, la destitución por la vía del Juicio Político”, expresó.
Gámez sostuvo que el asunto no debe reducirse a diferencias entre partidos políticos, sino centrarse en la obligación de transparentar el ejercicio del presupuesto municipal.
“Lo que es inaceptable e ilegal es utilizar el presupuesto municipal para sostener sueldos o financiar intereses particulares”, manifestó.
Finalmente, insistió en que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y no pueden utilizarse para favorecer intereses políticos o particulares.
Por ahora, las presuntas irregularidades no han sido acreditadas por una resolución de autoridad competente. La auditoría especial todavía deberá solicitarse formalmente y sus resultados serán determinantes para establecer si existen responsabilidades.
El caso coloca bajo revisión las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento capitalino y abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la relación entre la administración de Enrique Galindo y dirigentes del PAN.