Van contra cobros excesivos y falta de seguridad en estacionamientos de San Luis Potosí
Diputada exige transparentar tarifas, concesiones y seguros de los estacionamientos públicos y privados de la capital potosina.
San Luis Potosí, S.L.P.– Ante las constantes quejas ciudadanas por tarifas elevadas, falta de seguridad y posibles irregularidades en la operación de estacionamientos, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza propuso una revisión integral de estos establecimientos en la capital potosina.
A través de un Punto de Acuerdo presentado ante el Congreso del Estado, la legisladora solicitó al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Dirección de Comercio y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal emprender acciones coordinadas para revisar las condiciones en que operan los estacionamientos públicos y privados de uso público.
La propuesta busca actualizar la reglamentación municipal y establecer mayor claridad sobre los criterios utilizados para fijar las tarifas, particularmente en aquellos establecimientos que funcionan bajo concesión del Ayuntamiento.
Uno de los principales cuestionamientos es quién autoriza los incrementos en las tarifas y bajo qué criterios se determinan los cobros a los automovilistas.
Jáuregui Mendoza también solicitó que el Gobierno Municipal informe al Congreso cuáles estacionamientos cuentan con concesiones vigentes, las condiciones bajo las que operan y los mecanismos de supervisión existentes.
Asimismo, pidió transparentar las inspecciones realizadas, las sanciones impuestas y el cumplimiento de medidas de seguridad, incluyendo la existencia de seguros contra robo o daños a los vehículos, así como la obligación de entregar comprobantes de pago.
La diputada señaló que miles de personas utilizan diariamente estos servicios, especialmente en el Centro Histórico y las principales zonas comerciales, por lo que consideró necesario evitar cobros discrecionales y garantizar condiciones mínimas de protección para los usuarios.
Advirtió que existen señalamientos públicos sobre establecimientos que cobran por el resguardo temporal de vehículos sin ofrecer garantías suficientes ante posibles robos o daños.
Además, sostuvo que actualmente no existe información pública suficientemente clara sobre las condiciones de las concesiones municipales, la autorización de tarifas y los mecanismos de responsabilidad de los operadores.
La iniciativa no contempla todavía sanciones nuevas ni modificaciones aprobadas, sino que busca que las autoridades municipales rindan cuentas sobre la regulación y vigilancia de este servicio.
El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado para su análisis y posterior dictamen.
