Hasta 8 años de cárcel a funcionarios que filtren imágenes de víctimas y escenas del crimen en SLP
La pena podría aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños o adolescentes, o el material sea difundido en medios y redes sociales con fines de exposición pública o lucro.
Servidores públicos que filtren, compartan o comercialicen fotografías, videos, audios o documentos relacionados con cadáveres, víctimas o escenas del crimen podrían enfrentar penas de tres a ocho años de prisión en San Luis Potosí.
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen para adicionar el artículo 342 Bis al Código Penal estatal, con el objetivo de castigar la difusión no autorizada de este tipo de material por parte de funcionarios relacionados con la procuración o impartición de justicia.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que el nuevo delito alcanzaría a quienes, aprovechando sus funciones y sin autorización legal, fotografíen, filmen, graben, compartan, publiquen, vendan, distribuyan o entreguen imágenes, videos, audios o documentos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias de una muerte vinculada con un hecho delictivo.
La propuesta establece penas de tres a ocho años de cárcel, además de una multa de 300 a mil veces el valor diario de la UMA.
Castigo mayor en casos de mujeres y menores
Las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente.
El agravante también aplicaría cuando las imágenes o materiales sean difundidos a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
La iniciativa tomó como referencia el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020 en la Ciudad de México, luego de que fotografías de la escena del crimen fueran filtradas y posteriormente difundidas públicamente.
La reforma busca proteger la dignidad, privacidad e intimidad de las víctimas y sus familias, además de responsabilizar penalmente a los servidores públicos que tengan acceso a este material por razón de su cargo y lo divulguen indebidamente.
El dictamen aún no entra en vigor: será enviado al Pleno del Congreso de San Luis Potosí para su discusión y votación.
