Congreso de SLP fortalece al Tribunal Electoral con reformas para blindar sus recursos y garantizar una transición ordenada

Comisión aprueba modificaciones a la Ley Orgánica del TEE para proteger bienes institucionales y regular la elección de su presidencia

La Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma los artículos 7 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, con el objetivo de declarar inembargables los bienes del organismo y establecer mecanismos claros para la elección de su presidencia.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que la propuesta responde a la necesidad de fortalecer el funcionamiento institucional del Tribunal Electoral, particularmente ante la próxima conclusión del periodo de una de las magistraturas y los retrasos que históricamente se presentan en el Senado de la República para realizar nuevos nombramientos.

En la exposición de motivos se establece que el Tribunal Electoral es una institución fundamental para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la paridad de género y la inclusión de grupos vulnerables, por lo que resulta indispensable mantener actualizado su marco normativo y garantizar la protección de sus recursos operativos.

La reforma contempla incorporar de manera expresa que los bienes y recursos del Tribunal no podrán ser sujetos de medidas cautelares o embargos, con el propósito de evitar que litigios externos afecten el funcionamiento cotidiano del organismo y comprometan la impartición de justicia electoral.

Se argumenta que los recursos del Tribunal no persiguen fines de lucro, sino que están destinados exclusivamente a la prestación de un servicio público esencial del Estado. Un eventual embargo de cuentas operativas podría paralizar funciones fundamentales, como el pago de nómina a proyectistas, actuarios, notificadores y personal administrativo, además de afectar los sistemas informáticos utilizados en la sustanciación de juicios.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la modificación del mecanismo para elegir a la presidencia del Tribunal Electoral. Actualmente, la ley establece que la designación debe realizarse durante la primera semana de enero del año correspondiente; sin embargo, esta disposición no contempla los desfases que pueden existir entre el término de las magistraturas y los tiempos de designación del Senado.

El dictamen expone que la magistratura que actualmente ocupa la presidencia concluirá funciones en octubre, por lo que esperar hasta enero para designar a una nueva titularidad generaría incertidumbre operativa e institucional.

Con esta modificación, se busca garantizar una transición planificada, tersa y ordenada, permitiendo que el relevo en la presidencia quede definido con anticipación y que exista continuidad en la conducción administrativa, política e institucional del órgano jurisdiccional.

Finalmente, se destacó que fortalecer al Tribunal Electoral mediante mecanismos acordes a su funcionamiento brinda mayor certeza jurídica y preserva la autonomía necesaria para resolver los conflictos político-electorales del estado de manera pacífica y definitiva.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y eventual votación.