Un juez federal otorgó la libertad inmediata al estadounidense José Luis A. C., propietario del Crematorio Plenitud, señalado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por un presunto fraude masivo y manejo irregular de cuerpos, lo que permitió que huyera del país tras ser beneficiado con un amparo.
La Fiscalía estatal formuló cargos contra José Luis A. C. por su responsabilidad en el caso del Crematorio Plenitud, donde fueron hallados 386 cuerpos embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres, en un presunto negocio fraudulento en el que a las familias de los fallecidos se les cobraba por la cremación de sus seres queridos, pero nunca se realizó el servicio contratado.
Se estima que cerca de 380 familias fueron afectadas por este esquema: los deudos pagaron por cremaciones que nunca ocurrieron y recibieron cenizas falsas, mientras que los cuerpos permanecían en el inmueble en condiciones inadecuadas.
A pesar de la gravedad de los hechos y la acusación de la Fiscalía, un juez séptimo de distrito determinó que las irregularidades en el manejo de los cuerpos y el incumplimiento de los servicios no constituyen un delito penal, sino una falta administrativa, por lo cual concedió el amparo al acusado alrededor de las 23:30 horas del pasado viernes.
Esa resolución no solo ordenó su libertad inmediata, sino que también le permitió salir del país, presuntamente rumbo a Estados Unidos, generando consternación, indignación y protestas entre los afectados.
La decisión judicial desató la inconformidad de familiares de víctimas y de colectivos que defienden la dignidad de los fallecidos, quienes han reclamado el abandono de las autoridades estatales y exigido que el caso sea atraído por el gobierno federal para que exista una investigación con verdaderas consecuencias legales.
La noche de ese mismo viernes, varios deudos se congregaron en Ciudad Judicial para manifestar su enojo, pero no se les permitió el acceso a la audiencia pública. “Somos gente humilde, no tenemos ni un pinche peso y él está podrido en dinero, y parece que el gobierno lo está apoyando. ¿Por qué no nos apoyan a nosotros?”, cuestionó, visiblemente molesta, la madre de un hombre cuyo cuerpo estuvo tres años en el crematorio antes del hallazgo. Por seguridad pidió la reserva de su nombre.
Familiares y colectivos anunciaron que iniciarán una batalla legal contra la decisión del juez, un proceso que podría prolongarse hasta seis meses, en busca de la verdadera justicia que reclaman para las víctimas del Crematorio Plenitud.
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