Ingobernable Villa de Zaragoza; La alcaldesa Paloma Bravo teme por su vida
La alcaldesa de Villa de Zaragoza, Paloma Bravo García aseguró que teme por su vida debido a una serie de amenazas que ha recibido y por este motivo la Fiscalía General del Estado le asigno dos escoltas y le concedió una restricción para que sus detractores encabezados por el primer regidor Rafael Cárdenas no se le acerquen.
“Temo por mi vida porque he recibido muchas amenazas, no quisiera yo encender los ánimos de las otras personas porque a veces así suceden cuando doy declaraciones y por eso les digo que los abogados están haciendo su trabajo”, dijo.
Agregó que además los trabajadores de la presidencia también han recibido agresiones, puesto que en diversas ocasiones los han agarrado a huevazos y pedradas, para desalojarlos de las oficinas, por lo cual han presentado diversas denuncias penales.
Esto lo declaró luego de infructífera reunión en el Congreso del Estado donde diputados intentan mediar el conflicto en Zaragoza y resolverlo de la mejor forma pero no pudo asistir una de las partes por la orden de restricción.
La alcaldesa aseveró que esta ha sido la reunión número 18 a la que asiste con el fin de que haya una solución y se libere la presidencia municipal que está tomada desde el pasado 12 de agosto, y debido a las nueve denuncias que ha presentado le emitieron una medida de restricción a su favor debido a las agresiones de las que ha sido objeto ellas y los trabajadores del municipio.
Indicó que ha solicitado una investigación contra Rafael Cárdenas, quien ha manifestado que tiene liderazgo del movimiento y que hay un financiamiento económico que está asumiendo de 15 a 20 mil pesos a la semana, “según él el recurso está saliendo de su propio bolsillo y yo pedí a las autoridades que indaguen y verifiquen si acuerdo a su patrimonio personal puede realizar los pagos sino que de lo contrario se investigué de dónde está obteniendo este financiamiento y con qué perjuicios para la administración pública”.
Aseguró que no solicitará licencia pese a la petición del grupo contrario, además resaltó la existencia de un mandato judicial que ordena el juez de control para la restitución de las instalaciones en estado en que se encontraba el anterior el día 12 de agosto, que es cuando este grupo de personas se plantó frente a presidencia municipal impidiendo el acceso al personal administrativo y al Cabildo menos el regidor Rafael Cárdenas.
