La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado le solicitó a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que revise a detalle las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas 2018 del municipio de San Luis Potosí y del Poder Judicial, y de encontrar irregularidades se pueda sancionar al órgano fiscalizador.
El presidente de la comisión, diputado José Antonio Zapata Meraz señaló que en esta revisión que se realice, en caso de encontrar anomalías habría sanciones contra el órgano fiscalizador y se podría reponer la auditoría realizada.
Esto luego de que por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, Zapata Meraz, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, María del Rosario Sánchez Olivares, Marite Hernández Correa, Edgardo Hernández Contreras y Martín Juárez Córdova ordenaron al titular de la UEC, Jorge Ovidio Robledo Gómez que iniciará la revisión de ambas cuentas y elabore dos nuevos dictámenes, sin las prisas que enfrentó para entregar el dictamen donde apenas tuvo cinco días para revisar y entregarlo antes del 14 de noviembre.
José Antonio Zapata aseveró que los alcances de la revisión los definirá la propia UEC y que esos dos entes, el municipio de la capital y el Poder Judicial servirán de muestreo de toda la Cuenta 2018 y les podrán dar un parámetro de cómo estuvo realizado el trabajo de la ASE.
Al cuestionamiento de si se pudieran fincar delitos en caso de encontrarse irregularidades en el trabajo de la ASE, el legislador albiazul expresó que “se pueden determinar responsabilidades para los auditores, pero para eso evidentemente hay que cumplir con un procedimiento y también nosotros tendríamos que determinar la gravedad del asunto en caso de que no se hayan adecuado al procedimiento”.
Agregó que además en caso de encontrar anomalías existe la opción de poder repetir las dos auditorías a dichos entes, “se podría reponer el proceso en caso de que se observe alguna falta grave en este procedimiento, sin embargo, esperemos los resultados de la UEC, no tenemos un plazo fatal actualmente pero queremos procesarlo lo más pronto posible”.
Esto debido a que los informes finales de estos dos entes auditables fueron rechazados por el Pleno del Congreso del Estado, por causa que uno tenía mínimas observaciones y la otra tenia observaciones por el 30 por ciento de su presupuesto.