Endurecen criterios para investigar feminicidios en San Luis Potosí; Penas alcanzan hasta 60 años de prisión
*El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para ampliar las circunstancias que permiten acreditar razones de género en los asesinatos de mujeres y evitar que estos delitos queden impunes.
El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal del Estado para fortalecer la investigación de feminicidios, ampliar los elementos que permiten acreditar razones de género y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La modificación, presentada por la Comisión Primera de Justicia, presidida por la diputada Leticia Vázquez, incorpora nuevas circunstancias que deberán considerarse durante las investigaciones, particularmente cuando existan antecedentes de violencia, relaciones de subordinación o condiciones de vulnerabilidad de la víctima.
Entre los nuevos supuestos se incluyen las relaciones de subordinación laboral, institucional, docente, religiosa o de servicio, así como cualquier otra situación en la que exista una relación de superioridad o dependencia entre la víctima y el presunto responsable.
También se contemplan casos en los que la mujer se encontraba en condiciones de indefensión debido a su edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, alteración del estado de conciencia o dificultades para solicitar auxilio.
Otro de los cambios relevantes establece como circunstancia para acreditar razones de género que la víctima haya sido reportada como desaparecida antes de localizar su cuerpo o restos.
Asimismo, se incorpora el supuesto de que el cuerpo haya sido expuesto, abandonado, enterrado u ocultado en espacios públicos o privados.
La reforma busca ampliar las herramientas jurídicas disponibles para las autoridades investigadoras, de manera que puedan identificar circunstancias que anteriormente dificultaban la acreditación del feminicidio.
PENAS DE HASTA 60 AÑOS DE PRISIÓN
El delito de feminicidio mantiene una sanción de 40 a 60 años de prisión, además de multas equivalentes a entre cuatro mil y seis mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Las penas podrán incrementarse hasta en una tercera parte cuando participen varias personas en el crimen, exista un contexto de trata o explotación sexual, el asesinato ocurra frente a familiares o personas cercanas a la víctima, o cuando se trate de una niña o adolescente.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las modificaciones no alteran las penas básicas del delito, sino que amplían las circunstancias legales para identificar y acreditar las razones de género.
Con esta reforma, el Congreso busca reducir los obstáculos en las investigaciones de muertes violentas de mujeres y evitar que la falta de elementos probatorios derive en impunidad.