Aprueba Congreso casco obligatorio para usuarios de vehículos eléctricos de micromovilidad en SLP
*El dictamen, presentado por la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, presidida por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, define estos vehículos como medios de transporte de una o más ruedas, propulsados total o parcialmente con energía eléctrica, cuya velocidad máxima sea de 25 kilómetros por hora.
El Congreso de San Luis Potosí informó que aprobó una reforma a la Ley de Tránsito del Estado para incorporar la categoría de vehículos eléctricos de micromovilidad y establecer el uso obligatorio de casco para quienes los conduzcan y sus pasajeros.
El dictamen, presentado por la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, presidida por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, define estos vehículos como medios de transporte de una o más ruedas, propulsados total o parcialmente con energía eléctrica, cuya velocidad máxima sea de 25 kilómetros por hora.
La reforma establece que las personas conductoras y pasajeras de motocicletas, motonetas y vehículos eléctricos de micromovilidad deberán utilizar un casco que cumpla con la Norma Oficial Mexicana aplicable.
También contempla que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y las autoridades municipales de tránsito realicen, dentro de sus competencias, operativos para verificar el uso de casco, controlar la velocidad y detectar el uso de distractores al conducir, además de efectuar controles de alcoholimetría y revisar los sistemas de retención infantil.
Las autoridades deberán observar la prioridad en el uso del espacio público de peatones, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y ciclistas.
Según la exposición del dictamen, la incorporación de esta categoría responde al crecimiento de estos medios de transporte y busca reducir vacíos legales, precisar las obligaciones de sus usuarios y dar sustento a las disposiciones municipales sobre su circulación.
La información difundida por el Congreso no precisa la fecha de entrada en vigor ni detalla sanciones por incumplimiento.