Congreso avala terna para elegir al nuevo fiscal anticorrupción de San Luis Potosí

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó la terna enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, cargo que permanece vacante tras la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión legislativa, informó que los aspirantes son Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez, cuyos perfiles serán sometidos a consideración del Pleno del Congreso del Estado para la designación correspondiente.

El nuevo fiscal anticorrupción ocupará el cargo desde la fecha de su elección hasta el 5 de mayo de 2028, periodo que originalmente correspondía a Torres Zúñiga, quien había sido designado el 6 de mayo de 2021, pero presentó su renuncia el pasado 31 de marzo.

Tras su salida, el Congreso declaró formalmente vacante el puesto mediante el Decreto 507, publicado el 9 de abril, y notificó al Ejecutivo estatal para iniciar el procedimiento de sustitución.

La decisión final quedará en manos del Pleno legislativo, que deberá elegir entre los tres candidatos a quien encabezará la Fiscalía encargada de investigar delitos relacionados con hechos de corrupción en San Luis Potosí.

Avalan desalojo inmediato de agresores en casos de violencia familiar

Durante la misma sesión, la Comisión Primera de Justicia aprobó un dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el propósito de fortalecer las medidas de protección para víctimas de violencia.

La modificación contempla que, en situaciones de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público pueda ordenar la salida inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, sin importar quién sea propietario del inmueble.

La medida también podrá aplicarse cuando la vivienda sea rentada, evitando que la titularidad de la propiedad o del contrato de arrendamiento se convierta en un obstáculo para proteger a las víctimas.

Con esta disposición se busca que las mujeres en situación de riesgo no sean necesariamente quienes deban abandonar su hogar para ponerse a salvo, sino que sea la persona señalada como agresora quien deba desalojarlo cuando así lo determine la autoridad competente.

Ambos dictámenes deberán continuar su trámite legislativo ante el Pleno del Congreso del Estado para su resolución definitiva.