Galindo admite que dirigente del PAN cobra en el Ayuntamiento; niega que sea aviador y arremete contra diputado Gámez

San Luis Potosí, SLP.– El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente en funciones del Partido Acción Nacional (PAN), recibe pagos del Ayuntamiento de San Luis Potosí mediante un contrato por honorarios, aunque rechazó que se trate de un caso de “aviaduría” o de alguna conducta ilegal.

Las declaraciones surgieron después de que legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaran que solicitarán una auditoría especial para revisar las contrataciones por honorarios del municipio y determinar si los servicios pagados con recursos públicos efectivamente se realizan.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el presidente municipal.

Galindo argumentó que este tipo de contrataciones no necesariamente exige cumplir un horario laboral, pues los prestadores de servicios realizan actividades específicas conforme a las condiciones establecidas en sus contratos.

“Pueden incluso no tener un horario. Ellos cumplen con una función, la puedo demostrar, no tengo problema”, aseguró.

Sin embargo, durante sus declaraciones no detalló cuáles son las funciones que desempeña Dahud Uresti, qué trabajos ha realizado ni cuáles son los resultados que justifican los pagos efectuados por el Ayuntamiento.

La aclaración resulta relevante debido a que el dirigente panista fue cuestionado previamente en una conferencia de prensa sobre su presunta condición de aviador municipal, sin que entonces confirmara o negara expresamente recibir recursos del Ayuntamiento.

De acusado a acusador: Galindo señala a Gámez

En lugar de limitarse a defender la contratación del dirigente panista, Galindo dirigió buena parte de sus declaraciones contra el diputado Luis Fernando Gámez Macías, a quien acusó de cobrar simultáneamente como legislador y como director general en la Secretaría General de Gobierno del Estado.

“El de Dahud no es un delito, el de él es un delito y lo puedo demostrar jurídicamente”, afirmó el alcalde.

Incluso utilizó una expresión irónica para referirse al legislador:

“Este sí es aviador de avión 727, director general de la Secretaría General de Gobierno hasta el último dato”.

Galindo sostuvo que, de comprobarse una doble percepción irregular, Gámez también podría enfrentar un juicio político, una inhabilitación e incluso una investigación penal.

No obstante, reconoció que sus señalamientos se basan en información de transparencia que, según dijo, todavía registra al diputado como funcionario estatal.

El alcalde pidió que el propio legislador y el Gobierno del Estado aclaren si mantiene ese cargo y si continúa recibiendo una remuneración.

Hasta ahora, las declaraciones del alcalde no acreditan que Gámez perciba actualmente dos remuneraciones ni que exista una conducta ilegal.

Acusa utilización política del Congreso

Galindo también cuestionó que Gámez utilice su posición legislativa para promover investigaciones contra su administración y consideró que existe una intención de perjudicarlo políticamente.

El presidente municipal sostuvo que el Congreso debe actuar como un poder de colaboración institucional y no como un instrumento de confrontación contra el Ayuntamiento capitalino.

Incluso comparó las actuaciones que atribuye al legislador con el escándalo conocido como la “Ecuación Corrupta”, al considerar que también puede existir corrupción cuando se utilizan instituciones públicas con fines políticos.

Asimismo, pidió a Gámez dejar su responsabilidad en la directiva del Congreso si pretende continuar con los señalamientos contra su gobierno.

“Yo creo que más bien tiene un poquito de miedo que me vaya bien en lo que viene, y todas esas son señales de miedo electoral”, expresó Galindo, al atribuir las críticas a intereses relacionados con el próximo proceso político.

La contratación del dirigente panista sigue bajo cuestionamiento

Más allá del enfrentamiento entre el alcalde y el diputado, el asunto central continúa siendo la utilización de recursos municipales para contratar a un dirigente de un partido político.

La existencia de un contrato por honorarios no constituye por sí misma una irregularidad, como tampoco la ausencia de un horario fijo demuestra que una persona sea aviadora.

Sin embargo, para descartar una posible simulación de servicios resulta necesario conocer el objeto del contrato, los montos pagados, las actividades realizadas y la documentación que acredite su cumplimiento.

El diputado Luis Fernando Gámez anunció que solicitarán al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial a las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento. También advirtió que, si se comprueban irregularidades graves, podrían promoverse procedimientos de responsabilidad, incluido un eventual juicio político.

Galindo aseguró estar dispuesto a que se investigue la nómina municipal y afirmó que puede demostrar la legalidad de la contratación de Dahud Uresti.

Por ahora, el alcalde ha reconocido los pagos y defendido su legalidad, pero queda pendiente conocer públicamente la documentación que permita verificar qué servicios presta el dirigente panista y qué beneficios concretos ha recibido el Ayuntamiento a cambio de los recursos erogados.