Congreso busca obligar a municipios de SLP a destinar 15% de sus recursos a agua y drenaje
La propuesta plantea elevar a rango constitucional un piso mínimo de inversión para infraestructura hidráulica y evitar que los ayuntamientos releguen obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Ante los problemas de abasto, redes deterioradas y deficiencias en drenaje que enfrentan distintos municipios de San Luis Potosí, fue presentada una iniciativa para obligar a los ayuntamientos a destinar al menos el 15 por ciento de su hacienda municipal a infraestructura hidráulica.
La propuesta, impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, contempla reformar la Constitución Política del Estado para establecer un porcentaje mínimo anual que deberá utilizarse en la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de infraestructura para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
El objetivo es que la inversión en estos servicios deje de depender únicamente de las prioridades de cada administración municipal y se convierta en una obligación establecida directamente en la Constitución estatal.
Gámez Macías señaló que la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y las deficiencias en el tratamiento de aguas se encuentran entre los principales reclamos de habitantes de diferentes municipios.
De acuerdo con el legislador, establecer el porcentaje mínimo en la Constitución permitiría “blindar” estos recursos para evitar que sean destinados a otros rubros mientras persisten problemas relacionados con el suministro y saneamiento del agua.
“Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en lo que más le importa a la gente: el agua potable en sus casas, drenaje digno y tratamiento de aguas”, sostuvo.
La iniciativa todavía no representa una obligación vigente para los ayuntamientos. Primero deberá ser analizada y dictaminada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua y, posteriormente, continuar con el proceso legislativo correspondiente para una reforma constitucional.
