Amplían causales de feminicidio en SLP; Reforma contempla violencia digital, política y víctimas desaparecidas
*La Comisión Primera de Justicia aprobó modificaciones al Código Penal; el dictamen pasará al Pleno del Congreso para su votación.
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de San Luis Potosí para ampliar y actualizar las circunstancias que pueden acreditar el delito de feminicidio por razones de género.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que la propuesta amplía los vínculos que podrán considerarse al investigar estos delitos, incluyendo parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, cohabitación, sociedad de convivencia, amistad y relaciones de subordinación, superioridad o confianza.
La reforma también incorpora antecedentes de violencia en los ámbitos comunitario, institucional, político, digital, mediático y religioso, incluso cuando estos hechos no hayan sido denunciados previamente.
Entre las circunstancias contempladas se agregan agresiones, intimidación, hostigamiento, lesiones y violencia política. Asimismo, respecto a la disposición del cuerpo de la víctima, se consideran el entierro u ocultamiento y no únicamente su exposición en lugares públicos, sino también en espacios privados.
Otro de los cambios establece como elemento a considerar el estado de indefensión o desprotección de la víctima por condiciones como embarazo, edad, discapacidad, dependencia de cuidados o consumo de sustancias.
El dictamen también contempla los casos en que la víctima hubiera sido reportada como desaparecida o fuera objeto de búsqueda antes de la localización de su cuerpo o restos.
Las penas por feminicidio se mantienen de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica de cuatro mil a seis mil días del valor de la UMA.
Sin embargo, la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte cuando participen varias personas en el delito; exista un contexto de trata o explotación sexual; el feminicidio sea cometido frente a familiares o personas con vínculos afectivos o de confianza con la víctima, o cuando la víctima sea niña o adolescente.
Tras su aprobación en comisión, la reforma será enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.
