Congreso pide a municipios hacer efectiva prohibición de animales de carga para recolectar basura
La legislación estatal considera esta práctica como maltrato animal y contempla sanciones económicas; persiste el uso de burros y caballos en varios municipios de San Luis Potosí.
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, llamó a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a hacer cumplir la prohibición del uso de animales de carga en labores de recolección de basura y residuos domésticos.
El legislador recordó que las reformas aprobadas en 2025 a la Ley de Protección a los Animales del Estado consideran esta práctica como una forma de maltrato y establecen sanciones de entre 3 y 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Castro Barrón señaló que, pese a la legislación vigente, todavía se observa el uso de burros y caballos para transportar residuos tanto en la zona metropolitana como en municipios del interior del estado.
Advirtió que se han documentado situaciones de sobreexplotación y maltrato, además de casos en los que las condiciones de trabajo pueden poner en riesgo la vida de los animales.
“Estamos pidiendo a los ayuntamientos que ejecuten la ley de manera eficiente. Seguimos viendo en distintos lugares personas que siguen utilizando animales de carga para estos fines”, declaró.
El diputado indicó que esta problemática se ha detectado en Coxcatlán, Matehuala, la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez, particularmente en el sector de la comunidad de Peñasco.
Además del componente de bienestar animal, señaló que existe un problema ambiental y de seguridad, ya que parte de los residuos recolectados termina, según explicó, en tiraderos irregulares susceptibles de provocar incendios, especialmente durante temporadas de altas temperaturas.
Castro Barrón reconoció que algunos propietarios argumentan no contar con recursos para sustituir las carretas por vehículos motorizados. Ante ello, planteó que los gobiernos municipales analicen programas de financiamiento o apoyo para facilitar la transición hacia otros medios de recolección.
Finalmente, consideró necesario combinar la aplicación de la ley con mayor participación de los ayuntamientos, conciencia ciudadana y colaboración de organizaciones dedicadas a la protección animal.