Buscan ampliar agravantes del feminicidio y fortalecer protocolos de investigación en San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P.— Con el objetivo de ampliar las circunstancias que pueden constituir agravantes del delito de feminicidio y fortalecer los mecanismos para su investigación, la diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta contempla modificar los artículos 135 y 135 BIS, además de adicionar el artículo 135 TER, con el propósito de ampliar las razones de género consideradas en la configuración del delito.

Entre los nuevos supuestos se plantea considerar la existencia, antecedentes o intención de establecer una relación de parentesco, afectiva, docente o laboral entre la víctima y el agresor, así como cualquier vínculo de amistad, confianza, subordinación o superioridad.

También se propone reconocer como razón de género la existencia de antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, así como amenazas o cualquier otro indicio de violencia en los ámbitos familiar, laboral o escolar, aun cuando estos hechos no hubieran sido denunciados previamente.

La iniciativa incorpora además como agravantes que el feminicidio sea cometido en un contexto de subordinación o asimetría de poder entre el agresor y la víctima; que esté motivado por prejuicios o estereotipos relacionados con la orientación sexual, expresión de género o características sexuales de la víctima; y que ésta se encuentre en estado de indefensión.

La propuesta define la indefensión como una situación de desprotección real que imposibilite, disminuya o inhiba la capacidad de defensa de la víctima.

Buscan aumentar las penas

Otro de los planteamientos consiste en incrementar la pena de prisión por feminicidio, para pasar del rango actual de 40 a 60 años a uno de 50 a 70 años de prisión.

Asimismo, se propone establecer restricciones para quienes sean sentenciados por este delito, impidiendo la aplicación de criterios de oportunidad, desistimiento de la acción penal, acuerdos reparatorios, terminación anticipada o cualquier otra fórmula procesal que implique una reducción de la pena.

La iniciativa plantea también que las personas sentenciadas por feminicidio no puedan beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías o figuras similares.

Además, se propone establecer como imprescriptibles el ejercicio de la acción penal, la sanción y la reparación integral del daño correspondientes al delito de feminicidio.

Investigación con perspectiva de género

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa, la propuesta establece que la pena de prisión y multa no deberá ser menor a la pena mínima prevista para el delito de feminicidio.

También plantea que toda muerte violenta de una mujer, así como los casos de tentativa, sean investigados con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio, conforme a los protocolos especializados.

La iniciativa contempla además que el Ministerio Público identifique y evalúe el nivel de riesgo de la víctima, tomando en cuenta las características del presunto responsable y el contexto de violencia, para implementar las medidas necesarias que permitan salvaguardar su integridad.

La diputada Sara Rocha Medina señaló que se busca fortalecer el marco jurídico para atender de manera integral los casos de feminicidio y evitar que factores relacionados con las relaciones de poder, antecedentes de violencia o condiciones de vulnerabilidad queden fuera de las investigaciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.