Proponen reformar la Ley del Registro Civil de San Luis Potosí para garantizar su derecho a la identidad y notificar de inmediato a las autoridades de protección.
Con el objetivo de garantizar el interés superior de niñas y niños cuyos padres sean desconocidos, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta plantea modificar el párrafo tercero del artículo 67 para establecer que, cuando una niña o niño sea presentado ante el Registro Civil como hijo de madre y padre desconocidos, el Oficial del Registro Civil deberá asignarle nombre y apellidos, dejando constancia de esta circunstancia en el acta correspondiente.
Además, se propone que el funcionario notifique de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para su protección, resguardo y salvaguarda de sus derechos.
La legisladora señaló que la reforma busca cerrar una brecha normativa que actualmente permite la inscripción de estos menores para garantizar su derecho a la identidad, pero no establece de manera expresa la obligación de dar aviso inmediato a las autoridades encargadas de su protección.
Esta situación puede presentarse en casos de abandono, violencia u otras circunstancias en las que no sea posible identificar a los progenitores, dejando potencialmente a niñas y niños en una condición de vulnerabilidad.
Jáuregui Mendoza destacó que el derecho a la identidad es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de todo menor a ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, contar con un nombre y tener una nacionalidad.
La iniciativa también se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, por lo que se busca que las autoridades actúen de manera inmediata cuando exista una situación que pueda poner en riesgo los derechos de una niña o niño.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y, en su caso, dictaminación.
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