En el Congreso Local buscan reforzar la protección de estudiantes con reformas contra la violencia escolar y el ciberacoso

La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de fortalecer el marco legal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en los entornos escolares.
La propuesta busca definir con mayor precisión las distintas modalidades de violencia que pueden presentarse dentro y fuera de las aulas, con el objetivo de eliminar vacíos normativos que dificulten una respuesta efectiva y garantizar la integridad física, psicológica, emocional y sexual de quienes integran la comunidad educativa.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la violencia escolar representa una de las problemáticas más graves que enfrentan niñas, niños y adolescentes, debido a las afectaciones que provoca en su desarrollo personal, emocional, social y académico.
Entre los principales cambios, la iniciativa incorpora la definición de ciberacoso y otras formas de violencia digital, entendidas como conductas de acoso, hostigamiento, intimidación o agresión cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, correos electrónicos, foros y otras plataformas digitales.
Asimismo, plantea reconocer y tipificar diversas modalidades de violencia, como el maltrato colectivo, físico directo e indirecto, institucional y por omisión de auxilio, además de incluir definiciones de violencia de género, psicosocial, revictimizante, sexual, relacionada con armas u objetos peligrosos y vinculada al consumo o distribución de sustancias ilícitas.
Martínez Vázquez destacó que estas conductas no deben minimizarse como conflictos propios de la convivencia escolar, ya que constituyen agresiones sistemáticas que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.