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Proponen en Congreso atención a la salud menta a nivel universitarios

Con el objetivo de garantizar una atención integral a la salud mental en instituciones de educación superior, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí para establecer estructuras organizacionales especializadas dentro de los planteles universitarios.

La propuesta fue impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, quien plantea que las universidades cuenten con personal especializado y áreas específicas para la prevención, atención y canalización de estudiantes que presenten problemas de salud mental.

De acuerdo con la iniciativa, es fundamental atender de manera temprana cualquier padecimiento relacionado con la salud mental, por lo que se requiere fortalecer la estructura institucional en los centros de educación superior para brindar acompañamiento oportuno y especializado.

La legisladora señaló que, a nivel nacional e internacional, los problemas de ansiedad y depresión se han convertido en dos de las principales causas de discapacidad, mientras que en México el tema de la salud mental continúa siendo insuficientemente atendido, a pesar de su creciente impacto en la población joven.

Asimismo, destacó que los estudiantes universitarios enfrentan múltiples factores de presión, como las exigencias académicas y, en muchos casos, la necesidad de trabajar para cubrir sus gastos educativos, lo que genera altos niveles de estrés que afectan directamente su bienestar emocional.

Advirtió que los problemas de salud mental pueden convertirse en un obstáculo para la continuidad de los estudios, con consecuencias emocionales, económicas y sociales que pueden dejar secuelas a largo plazo.

La iniciativa subraya que la salud es un derecho humano que incluye la salud mental, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección, especialmente en espacios como las universidades públicas, donde se atiende a sectores históricamente vulnerables.

Finalmente, el proyecto establece que las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos formales para la atención psicológica y la canalización de casos a servicios especializados, como parte de una política integral de bienestar estudiantil.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen correspondiente.

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