Proponen instituir el Día Estatal de las y los cafeticultores potosinos
El diputado Roberto García Castillo presentó una iniciativa para declarar el 31 de julio de cada año como el Día Estatal de las y los Cafeticultores Potosinos, con el objetivo de reconocer la labor, la historia y la aportación de miles de productores que han contribuido al desarrollo y la identidad de la región Huasteca.
La propuesta legislativa surge a partir de una solicitud del grupo “Cafetaleros Unidos” del municipio de Aquismón, quienes plantearon la necesidad de otorgar un reconocimiento institucional a la actividad cafetalera y, particularmente, a quienes la hacen posible desde el campo.
Durante la exposición de motivos, el legislador destacó que detrás de cada taza de café existe una historia de esfuerzo diario, en la que mujeres y hombres del campo enfrentan retos constantes para sostener una de las actividades productivas más representativas de la Huasteca Potosina.
Señaló que la cafeticultura forma parte del desarrollo económico, social y cultural de San Luis Potosí desde hace generaciones, especialmente en municipios como Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Tancanhuitz y Xilitla, donde esta actividad representa un elemento clave de identidad comunitaria.
El diputado García Castillo enfatizó que, aunque el café suele reconocerse como producto final o por su comercialización, pocas veces se visibiliza a quienes integran el primer eslabón de la cadena productiva: las y los cafeticultores que preparan la tierra, siembran, cuidan las plantas y realizan la cosecha.
La iniciativa busca otorgar un reconocimiento permanente a quienes han sostenido esta actividad a pesar de los desafíos económicos, los efectos del cambio climático y las condiciones históricas adversas en las zonas productoras. Asimismo, pretende fortalecer la memoria colectiva y revalorar una actividad fundamental del patrimonio productivo y cultural del estado.
Finalmente, el legislador subrayó que establecer esta fecha conmemorativa responde a una petición legítima de las comunidades productoras, reafirmando el compromiso del Congreso de atender las causas que surgen directamente desde el campo.
La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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