Busca Congreso blindar a mujeres contra el acoso laboral y garantizar su estabilidad en el empleo

La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la protección de las trabajadoras víctimas de acoso u hostigamiento sexual y garantizar su seguridad, permanencia y estabilidad laboral.

La propuesta plantea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente las medidas necesarias para proteger la identidad de las mujeres que presenten denuncias por acoso u hostigamiento en sus centros de trabajo, evitando que sus nombres sean difundidos o utilizados para ejercer represalias, presiones o cualquier forma de revictimización.

Además, la dependencia deberá establecer mecanismos que salvaguarden la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su seguridad y continuidad en el empleo, con el fin de evitar que sean obligadas a abandonar sus fuentes de trabajo por denunciar este tipo de conductas.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que las mujeres continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad derivadas de la violencia y la discriminación sistemática, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones institucionales orientadas a garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos y la erradicación de todas las formas de violencia de género.

Sánchez López destacó que la violencia laboral sigue siendo una problemática presente en diversos ámbitos de trabajo, por lo que es necesario impulsar políticas públicas y acciones concretas que prevengan estas conductas y, cuando ocurran, aseguren la protección de los derechos laborales de las mujeres afectadas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen. Con esta reforma se busca garantizar que las mujeres puedan acceder, permanecer y desarrollarse en sus empleos en condiciones de igualdad sustantiva, libres de discriminación, violencia y cualquier práctica que vulnere sus derechos por razones de género, embarazo, maternidad o responsabilidades de cuidado.