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Blindan elecciones contra la injerencia extranjera; Congreso de SLP avala reforma constitucional

El Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta de reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando se comprueben actos de intervención o injerencia extranjera que influyan de manera determinante en los resultados de una elección.
Durante una Sesión Extraordinaria, las y los legisladores respaldaron el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, mediante el cual se avala la reforma enviada por la Cámara de Senadores.
La modificación constitucional establece que una elección podrá ser anulada cuando se acrediten actos de intervención extranjera graves, dolosos y determinantes que hayan tenido impacto directo en el resultado electoral, fortaleciendo así los mecanismos de protección de la soberanía nacional y la legitimidad democrática.
De acuerdo con el dictamen, la reforma responde a la necesidad de actualizar el sistema de nulidades electorales frente a nuevas formas de injerencia externa, particularmente aquellas que pueden ejercerse mediante herramientas digitales, financieras, tecnológicas o mediáticas capaces de influir indebidamente en la voluntad ciudadana y en la equidad de las contiendas.
Las y los legisladores señalaron que el marco constitucional vigente presentaba un vacío legal al no contemplar expresamente la intervención extranjera como causal directa de nulidad, pese a que la Constitución establece la obligación del Estado mexicano de garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y democráticas.
El Congreso destacó que la reforma no implica la anulación automática de una elección ni sanciona cualquier opinión o manifestación proveniente del extranjero. Para que proceda la nulidad será indispensable demostrar que la intervención fue grave, intencional, determinante y que influyó de manera comprobable en los resultados electorales.
Asimismo, los artículos transitorios establecen que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar sus marcos normativos antes del 5 de junio de 2026. De igual forma, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales del país deberán adecuar sus disposiciones administrativas y normativas para garantizar el cumplimiento de la reforma.
Durante la discusión del dictamen participaron la diputada Frinné Azuara Yarzábal y los diputados Carlos Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.

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