Congreso exige a 38 municipios activar protección infantil: Urge Instalar sistemas SINPINNA

En Sesión Ordinaria, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a 38 ayuntamientos a instalar su Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA), con el fin de garantizar una atención efectiva a este sector de la población.

Los municipios llamados a cumplir con esta disposición son: Ahualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Tampacán, Tampamolón de Corona, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa de Ramos, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza.

La diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y promotora del exhorto, destacó que es fundamental que los ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, instalen estos sistemas, designen a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y asignen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su operación.

Subrayó que la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de replicar estas estructuras tanto en los estados como en los municipios.

No obstante, reconoció que, aunque la instalación de los SIMPINNA representa un reto administrativo —especialmente por la renovación de gobiernos municipales cada tres años—, a más de un año del inicio de las actuales administraciones, únicamente 21 de los 59 municipios del estado han cumplido con esta obligación.

Finalmente, se advirtió que la falta de instalación de estos sistemas limita de manera significativa el cumplimiento de las responsabilidades institucionales en materia de derechos de la infancia, así como la implementación de políticas públicas coordinadas que aseguren su protección y desarrollo integral.