Congresos caros, congresos pobres: la urgencia de poner orden
POR: Benjamin Ustoa
La discusión sobre el gasto de los congresos estatales volvió a colocarse en la agenda pública después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera, en su conferencia matutina, una realidad incómoda: en México el costo de un diputado local puede variar hasta siete veces dependiendo del estado.
No es una diferencia menor. En algunos congresos cada legislador representa un gasto superior a los 30 millones de pesos anuales, mientras que en otros apenas supera los cinco millones. Dicho de otra forma: el mismo cargo público puede costar seis veces más sin que necesariamente exista una diferencia equivalente en productividad legislativa.
El contraste más evidente se encuentra entre entidades como Baja California, donde cada diputado ronda los 34.8 millones de pesos al año, y Colima, considerado uno de los congresos más austeros del país con un costo cercano a los 5.1 millones por legislador.
Este tipo de disparidades plantean una pregunta inevitable: ¿por qué cuesta tanto legislar en algunos estados y tan poco en otros?
Una posible respuesta apunta a estructuras administrativas infladas, oficinas duplicadas, exceso de asesores y gastos operativos poco transparentes. Pero también existe el otro extremo: congresos con presupuestos tan limitados que apenas cuentan con personal técnico suficiente para analizar iniciativas complejas o realizar estudios legislativos de calidad.
Entre ambos extremos surge una propuesta razonable: establecer un punto medio. Diversos especialistas han planteado que un modelo eficiente podría ubicarse alrededor de 15 millones de pesos por diputado al año. Una cifra que permitiría mantener equipos técnicos, asesores y operación legislativa sin caer en excesos.
Si este criterio se aplicara en el país, el impacto sería significativo. Estados con congresos particularmente caros tendrían que ajustar sus presupuestos, mientras que algunos de los más austeros podrían fortalecer su capacidad técnica.
El resultado sería un sistema legislativo más equilibrado.
Los números son reveladores. Tan solo cinco entidades podrían reducir su gasto en miles de millones de pesos: la Ciudad de México ahorraría cerca de 891 millones, Michoacán unos 608 millones, Baja California alrededor de 495 millones, Jalisco unos 444 millones y Morelos cerca de 336 millones.
Incluso considerando incrementos para congresos que hoy operan con presupuestos muy bajos, el ahorro neto nacional podría superar los 2 mil 200 millones de pesos al año.
No se trata de una cantidad menor. Ese dinero podría destinarse a infraestructura, seguridad, salud o programas sociales en los propios estados.
El caso de San Luis Potosí resulta interesante. Su congreso, con 27 diputados y un presupuesto cercano a 340 millones de pesos, se encuentra relativamente cerca del modelo intermedio. Con el esquema de 15 millones por legislador, su presupuesto rondaría los 405 millones, una cifra que lo ubicaría dentro de parámetros considerados razonables para su tamaño.
El fondo del debate no es castigar a los congresos ni debilitarlos. Por el contrario: un poder legislativo eficiente necesita recursos, pero también reglas claras de austeridad y transparencia.
El verdadero problema aparece cuando el gasto crece sin control o cuando las estructuras administrativas se convierten en refugios de cuotas políticas.
En un país que busca optimizar el uso del dinero público, homologar criterios de gasto legislativo no es una ocurrencia: es una discusión necesaria.
Porque al final la pregunta no es cuánto cuesta un diputado.
La pregunta es cuánto debería costar la democracia.
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