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El negocio del error: Cuatro años después, el Registro Civil sigue fallando

Cuatro años de gobierno han sido insuficientes para que el Estado logre algo tan básico como hacer eficiente el Registro Civil de San Luis Potosí. Y lo que a simple vista podría parecer falta de capacidad técnica o rezago tecnológico, empieza a adquirir un tinte más preocupante: el del posible dolo administrativo.

Durante décadas, miles de actas de nacimiento estuvieron correctas, eran funcionales y podían expedirse sin problema. Hoy, tras su “modernización” y digitalización, mágicamente aparecen errores: letras cambiadas, nombres mal escritos, fechas alteradas. Fallas que no existían en el documento original, pero que ahora obligan al ciudadano a pagar hasta 800 pesos por una enmienda que no provocó.

La pregunta es inevitable: ¿por qué un error cometido por el propio Registro Civil lo tiene que pagar el ciudadano?

Aquí no termina el problema. El sistema sigue siendo tan lento e ineficiente que miles de personas —incluidos adultos mayores— deben formarse desde las cinco de la mañana para obtener una ficha. Quien no puede hacerlo, tiene que recurrir a gestores que cobran entre 1,500 y 2,000 pesos por un trámite que debería ser sencillo, rápido y accesible.

Entonces surge otra pregunta incómoda: ¿de quién es el negocio?

Porque estos “errores cotidianos” no son menores. Generan ingresos directos por correcciones, ingresos indirectos para intermediarios y una cadena de abusos normalizados que castigan, una vez más, al ciudadano común. No es exagerado pensar que alguien está ganando con cada letra mal capturada, con cada acta mal digitalizada.

La falta de sensibilidad es evidente. Personas de la tercera edad esperando horas. Familias gastando dinero que no tienen. Trámites que deberían resolverse en minutos, convertidos en odiseas burocráticas.

En teoría, el Registro Civil depende de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí. En la práctica, nadie parece asumir responsabilidades. Cuatro años, tres titulares y el problema sigue sin “salir de la barranca”, como dirían los abuelos.

Para colmo, las máquinas que antes permitían imprimir actas de nacimiento ahora están dedicadas casi exclusivamente al cobro de derechos vehiculares. Donde había un avance, hoy hay un retroceso. Donde había servicio, hoy hay recaudación.

La modernización no puede ser sinónimo de abuso. La digitalización no puede convertirse en un castigo económico. Y la ineficiencia, cuando persiste tanto tiempo, deja de ser casual.

En San Luis Potosí, el Registro Civil no solo necesita tecnología: necesita voluntad política, responsabilidad administrativa y, sobre todo, respeto al ciudadano. Porque cuando el error se vuelve sistema, alguien —sin duda— está ganando.

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