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Congreso potosino aprueba tipificar como delito las terapias que buscan “corregir” la orientación sexual: Frinné Azuara

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud de San Luis Potosí para tipificar como delito las prácticas que pretendan modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas, conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y de Identidad de Género).

La presidenta de la comisión y promovente de la iniciativa, diputada Frinné Azuara Yarzábal, destacó que esta medida era necesaria para garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

“Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no es una enfermedad. Es una preferencia, una identidad y un asunto de derechos humanos y de dignidad”, subrayó.

Azuara explicó que San Luis Potosí se suma así a los estados que reconocen y sancionan las llamadas “terapias de conversión”, las cuales han sido rechazadas por la comunidad científica y organismos internacionales de derechos humanos por representar una violación a la integridad física y emocional de quienes las sufren.

La iniciativa aprobada contempla la creación de un nuevo Capítulo VIII del Título Cuarto del Código Penal del Estado, bajo el nombre “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, e incorpora los artículos 190 Bis y 190 Ter.

Entre los puntos más relevantes se establece que:

  • Se impondrán de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil UMAs a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tratamiento o práctica destinada a suprimir o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
  • Las sanciones se duplicarán si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona con discapacidad.
  • En caso de ser padres, madres o tutores quienes incurran en estas conductas, se aplicarán amonestaciones o apercibimientos determinados por el juez.
  • Cuando el delito se cometa en relaciones de poder o subordinación (laboral, médica, docente, doméstica o pública), o mediante violencia física o psicológica, también se duplicará la pena.

Asimismo, se modificó la Ley de Salud del Estado para sancionar a las y los profesionales del sector que participen en estas prácticas, imponiendo suspensiones en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Azuara informó que el dictamen será presentado ante el Pleno del Congreso del Estado el próximo 11 de noviembre, para su discusión y eventual aprobación final.

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