Analizan en San Luis Potosí iniciativa para tipificar el delito de “halconeo digital”

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que busca reformar el Código Penal local para tipificar y sancionar el delito de “halconeo digital”.

La propuesta plantea imponer penas de cinco a doce años de prisión, así como multas de 500 a 1,200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quienes cometan este delito. Además, las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad si se pone en riesgo la vida de elementos de seguridad o si se involucra a niñas, niños o adolescentes.

De acuerdo con la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, la iniciativa responde al uso creciente de herramientas tecnológicas por parte de grupos delictivos para vigilar, monitorear o interferir con las labores de seguridad pública.

El “halconeo digital” se define como la vigilancia, monitoreo, transmisión o seguimiento —físico o virtual— de las operaciones de cuerpos de seguridad, mediante cualquier medio o dispositivo, con el objetivo de facilitar la comisión de delitos u obstaculizar la acción de las autoridades.

La iniciativa también contempla sanciones para quienes instalen o permitan la instalación de dispositivos tecnológicos en bienes propios, ajenos o espacios públicos con fines ilícitos.

Se incluyen en esta categoría equipos como cámaras, drones, teléfonos, computadoras, programas de rastreo, tecnologías de inteligencia artificial, sensores, dispositivos de geolocalización, gafas con grabación, y cualquier herramienta diseñada para intervenir o manipular sistemas de comunicación y seguridad.

Quedan excluidas del delito las actividades legítimas relacionadas con derechos humanos, libertad de prensa, investigación académica o vigilancia ciudadana, siempre que no tengan fines delictivos.

Asimismo, se sancionará a los servidores públicos que posean o usen medios de comunicación para generar o acceder a información no autorizada sobre operativos o ubicaciones de elementos de seguridad.

Con esta reforma, se busca fortalecer el marco legal y dotar a las instituciones de seguridad y justicia de herramientas más efectivas para combatir prácticas que atentan contra la paz y la seguridad en el estado.