El Frente Ciudadano Anticorrupción exigió a la Auditoría Superior del Estado que publique a la brevedad las cuentas públicas 2018 de los 114 entes auditables, puesto que han pasado 15 días desde que los recibió el Congreso del Estado y aún no se difunden.
El integrante del Frente, Manuel Nava Calvillo señaló que la participación ciudadana en la rendición de cuentas se está anulando y con ello se violan los derechos de la población, además de incumplir con la fracción XXVII del artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Dijo que por ello solicitan a la ASE que haga públicas y difunda las demarcaciones territoriales de los entes fiscalizados, especialmente en los municipios, el calendario de visitas de los auditores para que la ciudadanía interesada pueda hacerles llegar observaciones, además de evitar encuentros privados en los que se pervierta el trabajo de fiscalización como ocurrió en el caso de Ciudad del Maíz.
Agregó que a los ciudadanos de dicho municipio, la auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado ofreció informar la visita de los auditores en mayo del año pasado, “les incumplió y los auditores fueron recibidos por los ex funcionarios que les ofrecieron un banquete con abundantes bebidas embriagantes y regalos. Las auditorías deben atender más el interés de la población antes que al de los funcionarios sometidos a la revisión”.
Nava Calvillo manifestó que también solicitan a la Fiscalía Anticorrupción haga públicos los casos que tramita sobre denuncias en los procesos de entrega-recepción, como una forma de contribuir a la transparencia en el proceso de fiscalización en curso.
“El artículo 131 de la Ley de Transparencia dice: no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trata de información relacionada con hechos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”, por lo que piden que se difunda la información.
Agregó que además tras la renuncia de Héctor Vicente Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia solicitan se inicia un proceso verdaderamente abierto de consulta con la ciudadanía para que en la selección de quién habrá de sustituirlos, se hombre a una personaje que garantice una alianza con la ciudadanía para evitar cualquier desvío en el trabajo de la ASE y los diputados que dé pie a la más mínima sospecha de blanqueo de cuentas que pudiera dar inicio a una persistencia en la ecuación corrupta.
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