Califica Guadalupe Almaguer de abusiva y autoritaria Ley Nacional de Extinción de Dominio
El contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio es autoritaria y presidencialista ya que concentra el poder político y económico en el Ejecutivo, además de que violenta derechos y garantías, denunció la diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Guadalupe Almaguer Pardo.
Desde la tribuna del recinto legislativo expresó que dicha ley baja los requisitos para la autoridad, para que pueda decomisar bienes producto de la delincuencia y lesiona los derechos de propiedad de las y los ciudadanos. “Con las disposiciones que se contienen en esta Ley, estamos haciendo de una ley excepcional, un instrumento legal que puede ser aplicado a todos y cada uno de nosotros”
Precisó que al ser una Ley Nacional que puede ser aplicada en los ámbitos federal y local, la ampliación del catálogo de delitos de cinco categorías delictivas a 245 tipos penales, resulta preocupante, porque se carece de una correlación entre el monto de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio o a quien es su propietario y elude el ámbito jurisdiccional al fortalecer la autonomía e independencia de ambos procesos.
La legisladora precisó que “ahora será el ciudadano inocente cuyos bienes se encuentren bajo la sospecha, no comprobada de que se encuentran relacionados con la comisión de delitos quien tenga que comprobar que actuó de buena fe, aunque no haya nadie en la cárcel por esos supuestos delitos”.
Indicó que estas disposiciones resultan contrarias a la naturaleza jurídica del Ministerio Público, porque desvirtúa su representación social y lo contrapone a la ciudadanía.
“Cualquier persona que compre o rente un inmueble o un carro, está en riesgo de que sus bienes puedan ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio y tendrá que demostrarle a la autoridad que no sabía de las actividades delictivas que, dicen, están relacionadas”, por ello el GPPRD votó en contra de la aprobación de la minuta de Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Al fijar su postura en la reserva al artículo 229 de la Ley Nacional del Extinción de Dominio, Almaguer Pardo consideró que con el uso discrecional que se generen al enajenar bienes provenientes de la delincuencia representa un grave retroceso en la política del país y el retorno al oscurantismo, porque se estaría violando el principio constitucional de la división de poderes, al invadir atribuciones constitucionales del poder legislativo, al no respetar lo aprobado del Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Al darle la responsabilidad al Gabinete Social de la Presidencia de la República la decisión del destino de los recursos y distribuirlo a las políticas públicas prioritarias”, precisó.
“No se trata de darle el voto de confianza – al Presidente de la República-, a su palabra, se trata de cumplir las reglas para que todo procedimiento sea legal y transparente, y como legisladores nos toca reglamentar que estas disposiciones sean ley y se mantengan en la ley.
Agregó que “Andrés Manuel, como presidente, está obligado a respetar los derechos humanos. Fuera de su Moralometro, corruptometro, fifitometro, que por cierto están descompuestos”.
“El autoritarismo de AMLO no puede instituirse como modelo rector del gobierno, el orden constitucional es garantía de seguridad jurídica”, concluyó.
