Congreso endurece la protección a estudiantes: personal escolar deberá denunciar casos de violencia

La reforma impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías establece la obligación de denunciar de manera inmediata cualquier indicio de abuso sexual, maltrato o violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado, propuesta por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, para establecer de manera expresa la obligación del personal docente, directivo y administrativo de denunciar inmediatamente cualquier hecho, sospecha o indicio de violencia contra integrantes de la comunidad educativa.

La modificación busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y garantizar una respuesta institucional oportuna ante casos de abuso sexual, maltrato y cualquier otra forma de violencia que pueda presentarse dentro del entorno escolar, familiar o comunitario.

La violencia sexual infantil representa una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. En este contexto, el diputado señaló que las escuelas deben ser espacios seguros, donde además de garantizarse el derecho a la educación se proteja la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes.

Gámez Macías sostuvo que el marco jurídico vigente en San Luis Potosí presentaba áreas de oportunidad para garantizar una reacción institucional inmediata, particularmente ante situaciones en las que personal educativo tiene conocimiento, sospecha o indicios de posibles actos de violencia.

La reforma establece que el personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos deberá denunciar ante las autoridades competentes de procuración de justicia cualquier caso de abuso sexual, maltrato o forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, conforme a los protocolos de actuación que sean establecidos.

Con ello, se busca evitar retrasos en la intervención de las autoridades, reducir riesgos de revictimización y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a la infancia.

Además, la nueva disposición contempla que la omisión de esta obligación pueda ser sancionada conforme a la legislación penal y administrativa aplicable, al tiempo que se garantiza el principio del interés superior de la niñez y la protección de quienes actúen de buena fe.

Los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El legislador afirmó que la reforma representa un avance en materia de protección integral de la infancia y busca atender una deuda con niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia y cuyos casos, en ocasiones, no han recibido una respuesta institucional oportuna.

La modificación también contempla la capacitación periódica del personal que labora en el sistema educativo, con el objetivo de que conozca sus responsabilidades legales y los procedimientos que deberá seguir ante cualquier señal de violencia.