Buscan proteger a trabajadores del gobierno víctimas de violencia: Proponen permisos y acompañamiento
La iniciativa de Sara Rocha plantea ajustes de horario, confidencialidad y apoyo institucional para quienes enfrenten violencia familiar, de género o sexual.
La diputada Sara Rocha Medina propuso reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer medidas de apoyo para las personas servidoras públicas que sean víctimas de violencia familiar, violencia de género o violencia sexual.
La iniciativa plantea que las instituciones públicas, de acuerdo con sus atribuciones y posibilidades presupuestales, implementen mecanismos que permitan brindar respaldo a las personas trabajadoras que atraviesen alguna de estas situaciones, garantizando en todo momento la confidencialidad de su información personal.
Entre las medidas propuestas se encuentra facilitar permisos o ajustes razonables en los horarios laborales para que las víctimas puedan acudir a recibir atención médica, psicológica o jurídica, sin que ejercer este derecho represente consecuencias negativas para su relación laboral.
La propuesta también busca establecer la obligación de las instituciones de abstenerse de cualquier acto de discriminación o represalia relacionado con la condición de víctima.
Asimismo, se plantea crear mecanismos internos de acompañamiento institucional y orientación sobre los servicios públicos disponibles para atender situaciones de violencia, de manera que las personas afectadas conozcan las alternativas de apoyo y atención a las que pueden recurrir.
Rocha Medina señaló que estas medidas no representan privilegios, sino acciones mínimas para garantizar condiciones de igualdad y proteger derechos fundamentales de quienes trabajan en las instituciones públicas.
La legisladora explicó que actualmente algunas dependencias implementan de manera aislada determinadas medidas de apoyo, pero estas prácticas no cuentan con un fundamento legal expreso y uniforme que permita garantizar su aplicación en toda la administración pública estatal.
La reforma busca, por ello, brindar certeza jurídica y consolidar un servicio público comprometido con los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la construcción de espacios laborales libres de violencia y discriminación.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, e Igualdad de Género del Congreso del Estado
Los comentarios están cerrados.