Buscan elevar a rango constitucional la cultura de paz y seguridad en escuelas de San Luis Potosí
San Luis Potosí, S.L.P.— La diputada Ana María de la Cruz Olvera presentó una iniciativa para adicionar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer como obligación del Estado la implementación de mecanismos institucionales de seguridad y monitoreo de paz en los entornos académicos.
La propuesta plantea incorporar como eje transversal de las obligaciones educativas la cultura de paz, la prevención de las violencias y el bienestar psicoemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con la iniciativa, el Estado también deberá coordinar acciones entre instituciones de seguridad y salud mental, así como promover la enseñanza obligatoria de mecanismos alternativos para prevenir y transformar los conflictos de manera pacífica, tomando en cuenta las características de cada nivel y subsistema educativo.
La legisladora señaló que el sistema educativo enfrenta una problemática relacionada con la presencia de violencia escolar, el crecimiento del ciberacoso y el deterioro del bienestar psicoemocional de la población estudiantil.
En la exposición de motivos se advierte que fenómenos como el hostigamiento, la exclusión y las agresiones sistemáticas afectan la convivencia dentro de las instituciones educativas y ponen en riesgo el derecho de los estudiantes a recibir una formación en condiciones seguras y dignas.
La iniciativa también refiere datos sobre el acoso escolar en México y señala que, de acuerdo con información atribuida al INEGI y análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), alrededor del 28 por ciento de la población estudiantil de entre 12 y 17 años habría sido víctima de acoso en el ámbito académico, equivalente a aproximadamente 3.3 millones de adolescentes.
De la Cruz Olvera sostuvo que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos humanos de la comunidad estudiantil y se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La diputada consideró que la prevención de las violencias debe abordarse desde una perspectiva integral, mediante estrategias que involucren a las instituciones educativas, autoridades de seguridad y áreas especializadas en salud mental.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde continuará su proceso legislativo.
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