Buscan que la cultura de la paz sea una obligación en la formación de niñas, niños y adolescentes
Iniciativa en el Congreso de SLP propone que madres, padres, tutores y responsables inculquen educación cívica y herramientas para resolver conflictos sin violencia
La diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer desde el entorno familiar la cultura de la paz y la educación cívica.
La propuesta plantea establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, inculcar valores y principios relacionados con la convivencia pacífica, el respeto, el diálogo, la solidaridad y la solución no violenta de los conflictos.
Castro Castañeda señaló que incorporar esta responsabilidad permitiría reforzar las acciones de prevención de la violencia y contribuir a la formación de menores capaces de resolver diferencias mediante el diálogo y el respeto.
La iniciativa define la cultura de la paz como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos orientados a rechazar cualquier forma de violencia y privilegiar el diálogo como mecanismo para solucionar conflictos.
En tanto, la educación cívica busca fortalecer la formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, comprometidos con la legalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por ello, la legisladora propone modificar el artículo 53 de la legislación estatal para incorporar expresamente esta obligación dentro del catálogo de responsabilidades de quienes tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la propuesta, la reforma también permitiría armonizar el marco jurídico de San Luis Potosí con la legislación general vigente, además de promover una formación integral basada en valores democráticos, respeto a los derechos humanos y convivencia pacífica.
La diputada destacó que la modificación contribuiría a generar entornos familiares y sociales más favorables para el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, colocando en todo momento su interés superior como principio fundamental.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.
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