Congreso de SLP endurece protección para adultos mayores; Busca frenar abuso y violencia

San Luis Potosí, S.L.P. — El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la protección de este sector y garantizar que puedan vivir con dignidad, autonomía y pleno respeto a sus derechos.

El dictamen, aprobado por el Pleno a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, establece medidas para reforzar el derecho de las personas adultas mayores a recibir un trato respetuoso y libre de violencia, abuso, explotación, aislamiento y violencia psicológica, así como de cualquier acto que pueda poner en riesgo su integridad personal o patrimonio.

Las modificaciones también buscan garantizar su autonomía, promoviendo que las decisiones sobre su vida sean respetadas y que cuenten con el respaldo de sus familias y de la sociedad, sin menoscabar sus derechos.

Entre los conceptos incorporados se encuentra el de corresponsabilidad, que establece una responsabilidad compartida entre los sectores público y social, particularmente las familias y la comunidad, para garantizar el cumplimiento de la ley.

También se fortalece el principio de atención preferente, que obliga a instituciones estatales y municipales, así como a los sectores social y privado, a implementar programas y acciones acordes con las necesidades y circunstancias de las personas adultas mayores.

Las reformas contemplan además los principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación, con el propósito de eliminar barreras físicas, sociales, culturales, comunicativas y normativas que puedan limitar su participación plena e igualitaria en la sociedad.

Otro de los ejes es la transversalidad, mediante la cual las autoridades deberán coordinarse para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores dentro de sus respectivas competencias.

Con estas reformas, el Congreso busca fortalecer el marco legal para que envejecer no signifique perder derechos, autonomía ni dignidad, y para que las personas adultas mayores cuenten con mayores herramientas de protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación.