Buscan actualizar Ley de Educación de SLP con enfoque de inclusión y erradicación de violencias

Con el objetivo de armonizar la legislación estatal con las reformas federales en materia de inclusión sustantiva, perspectiva de género y erradicación de las violencias, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

El legislador señaló que la reforma federal representa un cambio de paradigma en la protección del derecho a la educación, al incorporar principios de inclusión, derechos humanos y equidad de género, por lo que consideró necesario homologar la normativa estatal.

Entre las modificaciones propuestas destaca la reforma al artículo 12, para establecer que la educación en San Luis Potosí sea obligatoriamente inclusiva, con una perspectiva de género y de derechos humanos. Además, por primera vez se reconoce a la violencia como una condición estructural que limita el aprendizaje, obligando al sistema educativo a implementar acciones para eliminar estas barreras y garantizar la participación plena del alumnado.

La iniciativa también plantea cambios al artículo 107 para actualizar la terminología utilizada en la ley, sustituyendo conceptos como “preferencia sexual” por “orientación sexual” y “aspectos de género” por “estereotipos de género”, con el propósito de fortalecer el respeto a los derechos humanos y combatir los prejuicios que dificultan el acceso a la educación.

Asimismo, propone otorgar nuevas facultades a las autoridades educativas estatales y municipales para implementar políticas con enfoque diferenciado y perspectiva de género dirigidas a prevenir la deserción escolar, especialmente entre mujeres, adolescentes, niñas y niños. En este sentido, las becas y apoyos económicos formarían parte de una estrategia integral para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis.