Congreso advierte: vigilarán el uso de recursos públicos en los municipios rumbo al proceso electoral

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez Macías, aseguró que los ayuntamientos de San Luis Potosí estarán sujetos a una estricta supervisión para prevenir desvíos o el uso indebido de recursos públicos, especialmente ante la cercanía del proceso electoral.

El legislador señaló que la correcta aplicación de los recursos públicos debe realizarse con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley, ya que cualquier irregularidad no solo representa una falta administrativa o legal, sino también una afectación directa a la ciudadanía.

“Dar seguimiento puntual a las autoridades municipales y estatales permite garantizar que los presupuestos aprobados por el Congreso se traduzcan en programas y obras que realmente beneficien a la población”, expresó.

Gámez Macías reconoció que es en los gobiernos municipales donde con mayor frecuencia se detectan observaciones durante los procesos de fiscalización. Por ello, destacó que, en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), se impulsa la creación de un laboratorio especializado para verificar que las obras públicas cumplan con los estándares técnicos de calidad y generen un verdadero beneficio social.

Indicó que la Comisión de Vigilancia mantendrá un seguimiento permanente al desempeño de las autoridades y, en caso de detectar incumplimientos, se actuarán conforme a criterios técnicos y de justicia social, sin motivaciones políticas.

Ante el inicio del periodo electoral y las aspiraciones políticas de diversos alcaldes y funcionarios, el diputado hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta y denunciar cualquier posible irregularidad relacionada con el uso de recursos públicos.

Finalmente, advirtió que cualquier servidor público que desvíe o utilice de manera indebida recursos económicos o materiales de los municipios deberá enfrentar las sanciones previstas por la ley, aplicadas por las autoridades competentes.