Congreso endurece castigos por apología del delito; aumentarán penas cuando involucre a menores o servidores públicos
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el artículo 188 del Código Penal de San Luis Potosí para establecer agravantes en el delito de provocación y apología del delito, con el objetivo de incrementar hasta en una mitad las penas cuando estas conductas se cometan en perjuicio de personas menores de 18 años, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o cuando el responsable sea un servidor público.
La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, la diputada María Leticia Vázquez Hernández, informó que el dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado José Roberto García Castillo, fortalece el marco jurídico para sancionar con mayor severidad a quienes promuevan o glorifiquen conductas delictivas, especialmente cuando afecten a sectores vulnerables o sean cometidas desde una posición de autoridad.
La reforma establece que las penas previstas para este delito aumentarán hasta en una mitad cuando la conducta esté dirigida intencionalmente contra personas menores de edad o personas con vulnerabilidad cognitiva. Asimismo, cuando el responsable sea un servidor público y cometa el delito en ejercicio de sus funciones o mediante el uso de recursos e infraestructura institucional, además de la pena de prisión se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública por un periodo igual al de la condena privativa de la libertad.
El dictamen señala que esta modificación cumple con las obligaciones constitucionales y los compromisos internacionales del Estado mexicano para garantizar una protección reforzada a niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, al reconocer que la apología del delito no solo legitima conductas ilícitas, sino que también contribuye a su normalización, particularmente entre quienes son más susceptibles a la influencia de mensajes que exaltan la violencia o la criminalidad.
Las y los integrantes de la comisión destacaron que la difusión constante de contenidos que glorifican el delito, ya sea a través de redes sociales, música o espectáculos públicos, incrementa el riesgo de que menores de edad adopten conductas antisociales. Asimismo, subrayaron que cuando este tipo de acciones provienen de servidores públicos, el impacto es aún mayor debido a la responsabilidad que tienen como representantes del Estado y referentes de conducta para la sociedad.
Además, advirtieron que este tipo de actos debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y contravienen los principios de legalidad, honradez y lealtad que deben regir el servicio público, por lo que consideraron indispensable establecer sanciones más severas que inhiban cualquier conducta que promueva la criminalidad.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
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