Proponen cárcel para servidores públicos que filtren imágenes de víctimas de hechos violentos en San Luis Potosí
Con el objetivo de proteger la dignidad de las víctimas, evitar la revictimización de sus familias y sancionar la difusión indebida de material sensible, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta plantea crear un tipo penal específico que castigue a los servidores públicos que, aprovechando el ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen, sin autorización legal, imágenes, videos o cualquier registro relacionado con cadáveres, restos humanos, lesiones o escenas vinculadas con el fallecimiento de una persona.
La legisladora explicó que la reforma tiene como finalidad impedir la filtración de información sensible, salvaguardar la privacidad y la dignidad de las víctimas, evitar el sufrimiento adicional de sus familiares y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia.
La iniciativa propone imponer penas de tres a ocho años de prisión, además de multas de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en estas conductas.
Asimismo, contempla un incremento de hasta una mitad de la pena cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el material sea difundido a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
La diputada recordó que esta propuesta surge a partir del caso de Ingrid Escamilla, cuyo feminicidio, ocurrido en 2020 en la Ciudad de México, provocó una profunda indignación nacional tras la filtración y difusión de imágenes de la escena del crimen y del cuerpo de la víctima, lo que ocasionó un grave daño a su familia.
Hernández Ramírez subrayó que la iniciativa no pretende limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión, sino establecer límites claros para impedir conductas que vulneren la dignidad humana y garantizar que ninguna persona sea expuesta de manera degradante tras su fallecimiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
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