Aprueba Comisión Primera de Justicia endurecer sanciones por apología del delito; plantean agravantes cuando involucre a menores o servidores públicos

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el artículo 188 del Código Penal de San Luis Potosí para fortalecer las sanciones por el delito de provocación y apología del delito, informó la presidenta de este órgano legislativo, la diputada María Leticia Vázquez Hernández.

La iniciativa, presentada por el diputado José Roberto García Castillo, establece dos nuevas circunstancias agravantes que permitirán incrementar hasta en una mitad las penas previstas cuando la conducta se dirija contra personas menores de 18 años o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, así como cuando el responsable sea un servidor público.

De acuerdo con el dictamen, en el caso de los servidores públicos que cometan este delito en el ejercicio de sus funciones o mediante el uso de recursos e infraestructura institucional, además de la pena de prisión se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública por un periodo equivalente al de la sanción privativa de la libertad.

La comisión legislativa destacó que la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad responde a las obligaciones constitucionales y de derechos humanos asumidas por el Estado mexicano, al considerar que estos sectores son especialmente susceptibles a mensajes que normalizan o glorifican conductas delictivas.

Asimismo, se argumentó que cuando un servidor público incurre en la apología del delito, el impacto social es mayor debido a la responsabilidad y autoridad inherentes a su cargo, lo que puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y contravenir los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público.

Con esta reforma se busca prevenir la normalización de la violencia y fortalecer el marco legal para sancionar con mayor severidad a quienes promuevan o justifiquen conductas delictivas en circunstancias de especial gravedad.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.