Proponen actualizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en San Luis Potosí

Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y armonizar la legislación estatal con el marco jurídico nacional e internacional, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora explicó que, aunque la legislación vigente establece como principios rectores la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres, es necesario actualizar su contenido para incorporar nuevos conceptos que permitan una interpretación y aplicación más amplia y efectiva de sus derechos.

La propuesta incorpora los principios de igualdad sustantiva, igualdad de resultados e igualdad estructural, reconociendo que combatir la violencia y la discriminación requiere no solo garantizar la igualdad ante la ley, sino también transformar las condiciones sociales, culturales e institucionales que generan desigualdad.

Asimismo, la iniciativa integra los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, con el objetivo de que todas las acciones de las autoridades se desarrollen bajo un enfoque de máxima protección de los derechos fundamentales.

Entre los cambios propuestos también destaca la incorporación de la perspectiva de género como herramienta para identificar y corregir desigualdades históricas; el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres; así como el enfoque de interseccionalidad, que reconoce las múltiples formas de discriminación derivadas de factores como la edad, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición social o situación migratoria.

Además, se plantean los principios de interculturalidad, para garantizar el respeto a la diversidad cultural, y de enfoque diferencial, que permitirá diseñar medidas específicas de atención y protección conforme a las necesidades particulares de cada persona o grupo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.