Proponen reforma en San Luis Potosí para fortalecer prevención de la violencia obstétrica y garantizar atención digna en el parto
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres durante la atención médica, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, enfocada en la prevención y atención de la violencia obstétrica.
La propuesta fue impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, quien plantea establecer la obligación de elaborar un Protocolo Estatal de Prevención y Atención, así como definir con precisión los requisitos del consentimiento informado en la atención obstétrica, incluyendo su obligación de ser proporcionado en lengua materna cuando sea necesario.
La iniciativa también contempla el reconocimiento expreso de derechos fundamentales de las pacientes, como el derecho a contar con un acompañante de su elección durante el parto, el apego inmediato al recién nacido y el acceso al expediente clínico.
De acuerdo con la legisladora, la violencia obstétrica constituye una forma específica y sistemática de violencia de género que se presenta durante el embarazo, parto, posparto o aborto, y representa una violación a derechos humanos esenciales como la salud, la integridad personal, la autonomía reproductiva y el consentimiento informado.
En este sentido, destacó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reporta que el 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 sufrieron algún tipo de violencia obstétrica, siendo las formas más frecuentes el trato humillante, la negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento, restricción de acompañamiento y cesáreas injustificadas.
En el caso de San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, con estimaciones entre 34% y 38%, afectando con mayor intensidad a mujeres indígenas y de zonas rurales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal estatal con perspectiva de derechos humanos y pertinencia cultural.
La iniciativa establece que estas disposiciones se integrarán a las estructuras ya existentes en materia de salud y atención a mujeres, sin generar nuevas instituciones ni implicar gasto adicional, al contemplar su implementación a través de dependencias como la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva.
El documento fue turnado a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social para su análisis y dictamen correspondiente.
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