En el Congreso Local buscan fortalecer la seguridad escolar y enfrentar nuevos riesgos en entornos educativos

Con el objetivo de actualizar y robustecer el marco normativo en materia de protección, prevención y seguridad en planteles educativos, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta fue impulsada por la diputada María Antonia Castro Castañeda, quien planteó la necesidad de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad, incorporando enfoques modernos que respondan a las nuevas dinámicas de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la legisladora, en los últimos años las comunidades escolares han enfrentado una transformación en materia de seguridad, derivada no solo de la violencia tradicional o la delincuencia, sino también de fenómenos emergentes como el ciberacoso, la violencia digital, el acceso a contenidos nocivos en entornos virtuales, así como el incremento de problemáticas relacionadas con adicciones y conflictos interpersonales dentro y fuera de los planteles.

Ante este panorama, la iniciativa propone transitar de esquemas reactivos a modelos integrales de prevención, coordinación interinstitucional y construcción de paz en el entorno escolar, con participación activa de autoridades, comunidad educativa, madres y padres de familia, así como el sector social y privado.

Entre los principales cambios, se plantea ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad para celebrar convenios de colaboración no solo con instancias gubernamentales y municipios, sino también con organizaciones de la sociedad civil, colectivos de padres de familia y el sector privado, reconociendo la seguridad escolar como una responsabilidad compartida.

Asimismo, se fortalece su participación en la implementación de protocolos de actuación, mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos, bajo principios de derechos humanos, perspectiva de género y el interés superior de la niñez y adolescencia.

La iniciativa también contempla la implementación de programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos a docentes, estudiantes y personal administrativo, enfocados en la prevención del delito, el uso responsable de tecnologías de la información y la detección oportuna de situaciones de riesgo como adicciones y distintos tipos de violencia.

El documento fue turnado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen correspondiente.