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Congreso de SLP endurece el Código Penal: familiares ya no podrán encubrir delitos sexuales, trata ni homicidios de menores

La reforma elimina beneficios legales que impedían sancionar a familiares que ayudaran a ocultar a responsables de estos delitos graves

Con el propósito de combatir la impunidad en delitos de alto impacto, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 283 del Código Penal de San Luis Potosí para restringir las excluyentes de responsabilidad penal en el delito de encubrimiento cuando se trate de casos relacionados con delitos sexuales, trata de personas, feminicidio y homicidio de personas menores de edad.

La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, diputada Leticia Vázquez Hernández, explicó que la legislación vigente eximía de responsabilidad penal al cónyuge, concubina o concubinario, así como a ascendientes, descendientes y familiares colaterales hasta en segundo grado que, sin haber participado en el delito, brindaran refugio, ocultaran o ayudaran al responsable a evadir la acción de la justicia.

Con la reforma aprobada, esta protección legal dejará de aplicarse cuando el encubrimiento esté relacionado con delitos de feminicidio; homicidio de personas menores de edad; delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual; difusión ilícita de imágenes; incesto, así como los delitos en materia de trata de personas previstos en la legislación general correspondiente.

La legisladora señaló que estas modificaciones responden a la necesidad de eliminar disposiciones legales que favorecían la impunidad en delitos cometidos, en muchos casos, dentro de entornos familiares o de confianza, donde las víctimas suelen encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.

Indicó que el Congreso del Estado ya había restringido estas excluyentes de responsabilidad en casos de feminicidio y que, bajo el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, era necesario extender esta medida a otros delitos de igual gravedad.

“No se puede proteger la unidad familiar a costa de la integridad física y mental de las personas más vulnerables”, destacó la diputada al defender la reforma.

Con estas modificaciones, el Congreso busca fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y evitar que los vínculos familiares sean utilizados como un mecanismo para obstaculizar la investigación y sanción de delitos graves.

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